Urgen al Gobierno Diseñar Política Integral para Connacionales Deportados de EU

Organizaciones civiles y colectivos de migrantes deportados han expresado una urgente necesidad de que el gobierno mexicano diseñe una política integral para la población que ha sido deportada desde Estados Unidos. En una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, al canciller Juan Ramón de la Fuente y a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, los firmantes destacaron la importancia de contar con un presupuesto específico, mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas para cada una de las entidades federativas que reciban a los migrantes deportados.

Los grupos y colectivos migrantes subrayaron que la migración no es un fenómeno aislado de los países de origen, sino que es un proceso transnacional que genera fuertes vínculos laborales, familiares y sociales en ambos países. Por ello, las necesidades de los migrantes deportados no pueden abordarse solo desde una perspectiva local, sino que deben considerar sus vínculos tanto con México como con Estados Unidos.

Además, señalaron que las personas deportadas enfrentan grandes desafíos a la hora de reintegrarse a la sociedad mexicana, tales como la falta de acceso a servicios de salud, educación, vivienda, y empleo. En particular, las mujeres deportadas son las más afectadas por la carga emocional, económica y burocrática de este proceso. Las mujeres, al regresar al país, también enfrentan una violencia estructural y sistémica en México, con un promedio de 10 feminicidios al día, lo que complica aún más su reinserción. De acuerdo con las organizaciones firmantes, muchas de estas mujeres son forzadas a pausar sus proyectos de vida debido a la inseguridad y la falta de apoyo.

Uno de los principales llamados de las organizaciones fue la necesidad de un reconocimiento constitucional para las personas migrantes, tanto en sus países de destino como en sus países de origen, que tome en cuenta las distintas fases de la migración: tránsito, destino, retorno e integración. Asimismo, abogan por la creación de un Consejo Coordinador permanente que involucre a las personas deportadas, sus familias y las comunidades tanto de México como de Estados Unidos, con el objetivo de diseñar políticas públicas que consideren la movilidad, la perspectiva de género y la interculturalidad.

Finalmente, las organizaciones pidieron que se emitiera un decreto presidencial que reconozca diversos documentos de identificación, como la matrícula consular, el pasaporte emitido en el exterior y las credenciales de elector emitidas fuera del país, para que los migrantes puedan acceder a derechos y servicios, avanzando hacia la creación de una Cédula Única de Identidad.