Funcionaria de EE. UU. visita prisión de alta seguridad en El Salvador donde hay venezolanos deportados

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó este miércoles el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una de las cárceles de máxima seguridad más grandes del mundo. Su recorrido tuvo como objetivo supervisar la reclusión de más de 200 venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump, a quienes Washington acusa de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua.

Deportaciones y controversia

La administración Trump ha intensificado su política de deportaciones, y el caso de los venezolanos trasladados a El Salvador se ha convertido en un punto de controversia. Mientras Washington insiste en que los deportados forman parte de una peligrosa red delictiva transnacional, familiares de los detenidos y el gobierno venezolano denuncian que eran simplemente migrantes irregulares.

En su cuenta de la red social X, Noem defendió la medida y aseguró que EE. UU. "ya no es un refugio seguro para los delincuentes violentos". Además, destacó la necesidad de ampliar los vuelos de deportación hacia terceros países que, como El Salvador, acepten recibir a estos reclusos.

El CECOT y las críticas a Bukele

El CECOT, ubicado en Tecoluca, San Vicente, es una prisión de alta seguridad con capacidad para 40,000 reclusos. Hasta ahora, alberga a más de 15,000 presuntos pandilleros salvadoreños de MS-13 y Barrio 18, quienes cumplen un régimen carcelario de aislamiento extremo y sin visitas familiares.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado condiciones inhumanas en este centro penitenciario. Human Rights Watch alertó que muchos de los venezolanos deportados podrían no tener vínculos con el crimen organizado y estarían expuestos a abusos.

"El principal peligro es que EE. UU. siga enviando gente inocente a cárceles salvadoreñas", advirtió Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW.

Implicaciones para Bukele

El gobierno de Nayib Bukele recibió 6 millones de dólares de EE. UU. para aceptar a los deportados, lo que refuerza su alianza con la administración Trump en materia de seguridad y migración.

Sin embargo, analistas advierten que esta colaboración podría volverse un problema si en el futuro EE. UU. cambia su postura y considera que estas prácticas violan derechos humanos.

Mientras tanto, Bukele sigue apostando por consolidarse como un socio clave para Washington en temas de seguridad y control migratorio, al mismo tiempo que intenta evitar la deportación masiva de salvadoreños desde EE. UU.